No
se miente cuando se dice que la reforma energética presentada por
Peña Nieto no privatizará el petróleo o PEMEX. Tanto el recurso
natural, como la empresa, que es una de las más importantes que ha
tenido el país, seguirán siendo de los mexicanos. Esta verdad no
inventada, repetida hasta el cansancio, pretende convertirse en el
contenido de la iniciativa presentada por el ejecutivo para asi
olvidar el fondo de toda la reforma: la privatización de la
industria petrolera.
Es
bien conocido que el beneficio económico más importante, al menos
dentro del modelo económico que reproducimos, no se encuentra en la
materia prima, sino en el procesamiento de ésta para crear un
producto de consumo. Es decir que la ganancia está en el trabajo
hecho sobre la materia prima y no sobre ésta por si misma.
Así
es como se ha abierto la brecha económica entre los países
centrales y los periféricos. Los periféricos son una especie de
espacios abundantes en recursos primarios y fuerza de trabajo barata
que tienen abiertas sus fronteras mediante leyes y tratados que los
vuelven potenciales puntos de inversión de capital, mientras que en
los centrales se concentran las matrices de las gigantescas empresas
trasnacionales más importantes del globo desde donde se decide la
inyección de capital, decisión que redunda en la estabilidad
económica del país en el que se invierte. Mientras las empresas
trasnacionales generan ganancias por medio del procesamiento de las
materias primas, los gobiernos de los países periféricos se
vinculan con las empresas y las zonas centrales por medio de
relaciones de dependencia. Los países periférifericos al estar
excluidos de la panacea del mejoramiento tecnológico están
indefinidamente obligados a vender sus materias primas, sin
procesamiento, y sobrevivir en el intento.
La
hasta ahora redacción de la Constitución de México impide la
participación del sector privado en la actividad petroquímica
básica, el procesamiento del gas natural, la refinación del
petróleo, y el transporte, la distribución y la comercialización
del petróleo y el gas. Es decir, el Estado concentra la capacidad de
generar los productos de consumo que originan la ganancia más fuerte
sobre los recursos naturales mencionados.
El
monopolio estatal de este sector productivo estratégico tiene una
relevancia primordial para la consumación de políticas públicas.
PEMEX al tener la exclusiva capacidad de originar los productos de
consumo asegura de manera tajante que la ganancia generada por estos
es de orden púbico, es decir, la ganancia que la empresa paraestatal
origina es de los mexicanos, consecuencia del trabajo sobre los
recursos naturales del país.
Las
ganancias, al ser de orden público, se vuelven recursos potenciales
para mejorar los servicios públicos de educación, salud, seguridad
social, comunicación. Se vuelven recursos potenciales para mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos. Con este beneficio sobre el
control de este sector estratégico, el país asegura el tener un
medio capaz de generar crecimiento y desarrollo económico y social a
partir de un elemento estable e independiente.
La
reforma presentada por Peña Nieto abre a las empresas privadas la
posibilidad de competir con PEMEX en la generación de productos de
consumo originados por el gas y el petróleo. Es decir, la iniciativa
privatiza un sector de la industria petrolera y de gas. Para este
debate se cruza otro tema, las insalubres cuentas de la paraestatal,
el alto índice de corrupción que, resaltemos, no se genera por si
sólo, se genera con la complicidad de los altos funcionarios del
gobierno federal.
El
saneamiento del funcionamiento de la paraestatal no se dará con la
competencia, ésta será más bien el principio de su premeditado
fin. La mejora de PEMEX está en los intestinos de la misma sociedad,
hay individuos más responsables que otros para los cuales se pueden
generar mecanismos efectivos de contención. La complicidad de los
gobiernos con la cúpula sindical, la conciente y asidua búsqueda
por desestructurar la paraestatal, nos hacen nombrar prácticas
puntales que nos ayudan a visualizar rostros y nombres conocidos, sin
embargo, no hay que desestimar el hecho de que las practicas
políticas son en realidad prácticas sociales. El político mexicano
es corrupto no porque los políticos sean corruptos por si mismos, si
no más bien, porque los mexicanos lo son, los políticos llevan a
cabo las mismas prácticas que el ciudadano corriente. Los regímenes
políticos, y las prácticas institucionales no son estadíos
naturales, son invenciones humanas que legitiman los mismos
individuos.
La
reforma energética presentada por Peña Nieto es un acto más dentro
de la agenda política impuesta desde los organismos internacionales.
Es una política económica para concentrar las ganancias dentro de
las empresas que monopolizan la tecnología y que establecen las
relaciones de dependencia entre los países del centro y los países
de la periferia. Es una reforma que pretende acotar las funciones del
Estado y reducir su capacidad de dar servicios públicos.
Aqui
no satanizamos a la iniciativa privada, lo que pretendemos hacer es
resaltar el papel relevante que deben jugar las instituciones
públicas que se encargan del bienestar común. Recordemos que a
pesar de los servicios que la iniciativa privada tenga, ésta
abiertamente tiene un objetivo particular y no comunal. Nuestros
esfuerzos deben concentrarse hacia encontrar una fuerza pública que
pueda armonizar nuestra convivencia, que nos vincule con los otros
para afrontar los problemas comunes.
La
reforma energética no busca ser una fuerza centrípeta, por el
contrario su paradigma está enclaustrado en la generación de una
fuerza centrífuga que aleje cada vez más a los individuos. Si bien
el empoderamiento del individuo es deseable, también es peligroso
olvidar que éste se encuentra irremediablemente insertado en uno o
varios grupos humanos y que su superviviencia depende de la fuerza de
los otros en consonancia con la suya. El Estado no debe convertirse
en el Leviatán de Hobbes, que decide por sobre el individuo. Pero
tampoco tiene que ser el siervo del liberalismo. El Estado es una
institución que, por ahora, a pesar de la crisis que vive, juega un
papel de cohesión y fuerza social, y que al reconocerlo tenemos que
dotarle de los mecanismos para que pueda actuar por el bien común.
