La reforma energética. La privatización de lo público

No se miente cuando se dice que la reforma energética presentada por Peña Nieto no privatizará el petróleo o PEMEX. Tanto el recurso natural, como la empresa, que es una de las más importantes que ha tenido el país, seguirán siendo de los mexicanos. Esta verdad no inventada, repetida hasta el cansancio, pretende convertirse en el contenido de la iniciativa presentada por el ejecutivo para asi olvidar el fondo de toda la reforma: la privatización de la industria petrolera.

Es bien conocido que el beneficio económico más importante, al menos dentro del modelo económico que reproducimos, no se encuentra en la materia prima, sino en el procesamiento de ésta para crear un producto de consumo. Es decir que la ganancia está en el trabajo hecho sobre la materia prima y no sobre ésta por si misma.

Así es como se ha abierto la brecha económica entre los países centrales y los periféricos. Los periféricos son una especie de espacios abundantes en recursos primarios y fuerza de trabajo barata que tienen abiertas sus fronteras mediante leyes y tratados que los vuelven potenciales puntos de inversión de capital, mientras que en los centrales se concentran las matrices de las gigantescas empresas trasnacionales más importantes del globo desde donde se decide la inyección de capital, decisión que redunda en la estabilidad económica del país en el que se invierte. Mientras las empresas trasnacionales generan ganancias por medio del procesamiento de las materias primas, los gobiernos de los países periféricos se vinculan con las empresas y las zonas centrales por medio de relaciones de dependencia. Los países periférifericos al estar excluidos de la panacea del mejoramiento tecnológico están indefinidamente obligados a vender sus materias primas, sin procesamiento, y sobrevivir en el intento.

La hasta ahora redacción de la Constitución de México impide la participación del sector privado en la actividad petroquímica básica, el procesamiento del gas natural, la refinación del petróleo, y el transporte, la distribución y la comercialización del petróleo y el gas. Es decir, el Estado concentra la capacidad de generar los productos de consumo que originan la ganancia más fuerte sobre los recursos naturales mencionados.

El monopolio estatal de este sector productivo estratégico tiene una relevancia primordial para la consumación de políticas públicas. PEMEX al tener la exclusiva capacidad de originar los productos de consumo asegura de manera tajante que la ganancia generada por estos es de orden púbico, es decir, la ganancia que la empresa paraestatal origina es de los mexicanos, consecuencia del trabajo sobre los recursos naturales del país.

Las ganancias, al ser de orden público, se vuelven recursos potenciales para mejorar los servicios públicos de educación, salud, seguridad social, comunicación. Se vuelven recursos potenciales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Con este beneficio sobre el control de este sector estratégico, el país asegura el tener un medio capaz de generar crecimiento y desarrollo económico y social a partir de un elemento estable e independiente.

La reforma presentada por Peña Nieto abre a las empresas privadas la posibilidad de competir con PEMEX en la generación de productos de consumo originados por el gas y el petróleo. Es decir, la iniciativa privatiza un sector de la industria petrolera y de gas. Para este debate se cruza otro tema, las insalubres cuentas de la paraestatal, el alto índice de corrupción que, resaltemos, no se genera por si sólo, se genera con la complicidad de los altos funcionarios del gobierno federal.

El saneamiento del funcionamiento de la paraestatal no se dará con la competencia, ésta será más bien el principio de su premeditado fin. La mejora de PEMEX está en los intestinos de la misma sociedad, hay individuos más responsables que otros para los cuales se pueden generar mecanismos efectivos de contención. La complicidad de los gobiernos con la cúpula sindical, la conciente y asidua búsqueda por desestructurar la paraestatal, nos hacen nombrar prácticas puntales que nos ayudan a visualizar rostros y nombres conocidos, sin embargo, no hay que desestimar el hecho de que las practicas políticas son en realidad prácticas sociales. El político mexicano es corrupto no porque los políticos sean corruptos por si mismos, si no más bien, porque los mexicanos lo son, los políticos llevan a cabo las mismas prácticas que el ciudadano corriente. Los regímenes políticos, y las prácticas institucionales no son estadíos naturales, son invenciones humanas que legitiman los mismos individuos.

La reforma energética presentada por Peña Nieto es un acto más dentro de la agenda política impuesta desde los organismos internacionales. Es una política económica para concentrar las ganancias dentro de las empresas que monopolizan la tecnología y que establecen las relaciones de dependencia entre los países del centro y los países de la periferia. Es una reforma que pretende acotar las funciones del Estado y reducir su capacidad de dar servicios públicos.

Aqui no satanizamos a la iniciativa privada, lo que pretendemos hacer es resaltar el papel relevante que deben jugar las instituciones públicas que se encargan del bienestar común. Recordemos que a pesar de los servicios que la iniciativa privada tenga, ésta abiertamente tiene un objetivo particular y no comunal. Nuestros esfuerzos deben concentrarse hacia encontrar una fuerza pública que pueda armonizar nuestra convivencia, que nos vincule con los otros para afrontar los problemas comunes.

La reforma energética no busca ser una fuerza centrípeta, por el contrario su paradigma está enclaustrado en la generación de una fuerza centrífuga que aleje cada vez más a los individuos. Si bien el empoderamiento del individuo es deseable, también es peligroso olvidar que éste se encuentra irremediablemente insertado en uno o varios grupos humanos y que su superviviencia depende de la fuerza de los otros en consonancia con la suya. El Estado no debe convertirse en el Leviatán de Hobbes, que decide por sobre el individuo. Pero tampoco tiene que ser el siervo del liberalismo. El Estado es una institución que, por ahora, a pesar de la crisis que vive, juega un papel de cohesión y fuerza social, y que al reconocerlo tenemos que dotarle de los mecanismos para que pueda actuar por el bien común.

Educación para qué

En solidaridad con todos los compañeros académicos y administrativos que han sido injustamente despedidos de la UACM y con todos aquellos que siguen en la lucha.

La educación, incluso desde antes de ser impartida institucionalmente, es uno de los elementos centrales de la humanidad, es un factor de cohesión social, también de formación de conciencia autónoma; es una variable que da identidad, que da pertenencia y que por tanto da sentido de existencia como sujeto y como comunidad.

La educación no es un recetario de contenidos, ni de patrones de conducta; es un acto colectivo de encuentro, un proceso social de significación del cosmos que luego se materializará, mas no se impondrá, como normas de convivencia.

La educación es entonces activa, y por activa entendemos pues, que tiene postura, que duda, que pregunta, que afirma y que argumenta; que no es neutra, que parte de la experiencia personal y colectiva específica, y que desde ahí, desde la localidad (y no desde la universalidad), se vuelve verdadera u objetiva. La realidad se construye, no se descubre.

La especie humana no se destaca por una anatomía especializada a algún ecosistema; en todo caso resalta, a lado de las especializadas anatomías de otras especies, nuestra precoz y torpe anatomía. No obstante, la construcción de lo que algunos llaman segunda naturaleza, la cultura, ha sido central para permitirnos convivir con las demás especies, en ecosistemas diversos, y así sobrevivir. La educación (sea institucional o no), que transmite la cultura, es entonces tal vez uno de las causas de que sigamos y de que queramos seguir existiendo.

La educación institucional es, o al menos debiera ser, la creación de los espacios físicos e intelectuales para conocer y contrastar los saberes más universalizados, que son muchas veces llevados a varios rincones por medio de la fuerza, pero que aun así nos dan pertenencia como especie humana; y los saberes que son más locales que nos permiten compartir y pertenecer a grupos o comunidades más específicas.

La educación institucional es, o debiera ser, un sistema para proveer a los sujetos de las herramientas para significar a la naturaleza, para construir su realidad de manera individual pero a la vez en un ejercicio colectivo de interacción social y cooperación. Es, por ser para el bien común, una actividad conjunta, de vinculación, de empatía, de inclusión y no de exclusión, ni de subordinación, ni de humillación.

Lamentablemente, las tendencias ideológicas de los últimos treinta años han llevado a la deshumanización de la educación. Encumbrando la premisa engañosa de que del conocimiento tecnocientífico emana una realidad pura sin casi intervención del sujeto, se ha intentado fundamentar que ese conocimiento es irrefutable y por tanto universal.

Originando la creación de programas académicos estandarizados basados únicamente en elementos de eficiencia tecnocientífica, sin tomar en cuenta rasgos cualitativos de los sujetos; creando también mecanismos de calificación de personas e instituciones de acuerdo, únicamente, a las reglas de esta misma ideología. Fomentando, también, la eliminación o la exclusión del conocimiento humanístico y artístico, intentando sobajarlas a actividades de espectáculo y de ocio, buscando quitarles su potencial cognitivo.

Pero más preocupante, la sistemática racionalización, por medio de la exclusión premeditada, del servicio educativo para evitar la sobredemanda laboral y para tener una sociedad más manejable. Los filtros son varios; el más evidente, la reducción presupuestal a la educación pública para decrecer la oferta y las capacidades para mejorar la calidad. Pero igual de importantes, los filtros en muchas escuelas públicas; altas cuotas, rigidez en el horario, exámenes de ingreso antipedagógicos que socavan la cooperación, que incentivan una competitividad negativa y que funcionan más como filtros socioeconómicos que cognitivos.

La educación, por ser parte fundamental de nuestra supervivencia como especie, debe tener nuestra mayor atención posible. Y como ya dijimos presentar una postura crítica y no escurrirnos en discursos presumiblemente neutros, no.

La educación tiene que ser pública, gratuita, incluyente social y cognitivamente, con diversas modalidades de evaluación, con visiones distintas que permitan la integración de varias formas de conocer, con múltiples formas de enseñar, entre otras cosas. Y no por eso, lo digo porque así nos etiquetan a los que así pensamos, somos partidarios de una supuesta izquierda radical, queremos simplemente intentar que nada humano nos sea ajeno.

Representación politica desgastada

La exigencia social de incluir en el sistema político mexicano las llamadas candidaturas ciudadanas y más aún, la integración de éstas al discurso político de los partidos para conseguir soporte electoral, es una muestra del desgaste que existe en el sistema de representación que tenemos en el país. La población no se siente representada por la clase política, sea el partido que sea, y prefiere asirse a personajes aparentemente desvinculados de los partidos.

El solo nombre de candidaturas ciudadanas evidencia la fuerte disociación que existe entre la sociedad y la clase gobernante. Tal término sugiere, casi directamente, que las candidaturas partidistas no son ciudadanas (no obstante, de acuerdo a la legislación vigente, todo individuo, aun apoyado por un partido, con aspiraciones a un cargo de elección popular está obligado a ser ciudadano mexicano para participar en alguna contienda).

Esta importante separación entre ciudadano y político es consecuencia de una desvalorización social que se viene dando desde hace años a todo el sistema político en conjunto, creando una atmósfera de ilegitimidad e inestabilidad. Con la urgencia de legitimar nuestro sistema de representación, los partidos camaleonicamente han optado por apoyar (aunque sea retóricamente) las candidaturas ciudadanas; a la par, la sociedad mexicana, asustada por algún cambio más sustancial, ha convertido algún proceso que se pudiera dar para una transformación política más integral, en una focalizada lucha por obtener las candidaturas ciudadanas en una próxima reforma política.

Es un tema con muchos elementos a analizar. Los partidos políticos fueron la salida para acceder al poder de manera pacífica; nacieron con el ideal de ser cuerpos institucionales para recabar demandas sociales de acuerdo a supuestas lineas ideológicas, y así, la que mejor se adecue a la población llegara a los puestos de gobierno para hacer efectivo su proyecto de desarrollo.

La crisis de los partidos se engloba a que se perciben más como facciones distintas luchando por los altos puestos para conquistar o perpetuar intereses particulares, donde las propuestas son meros recursos retóricos para convencer (o manipular) al electorado. Bien es cierto que esto puede ser ampliamente documentado para convertirlo en algo más que una simple percepción. No obstante, hay que matizar diciendo que el uso de la retórica no es suficiente para ganarse legitimidad, por lo que normalmente se acompaña de alguna acción superficial concreta que le de cierta verosimilitud al discurso. Partiendo de esto, podemos decir que, de alguna manera, tal vez ínfima para los escépticos, sí existe representación por parte de los partidos. Con esta conclusión pretendo evitar satanizar el sistema político del país.

Me parece indispensable, para un próximo proyecto de reforma política, enfatizar cosas que a veces obviamos y hasta cierto punto banalizamos. La sucesión en el poder es indispensable que sea pacífica, refiriendo con esto el evitar, con todos los medios, la violencia física. En este sentido, el modelo de partidos es muy aceptable aun a pesar de los conflictos electorales del 2006, por lo que creo es muy rescatable un sistema que continúe permitiendo el acceso al poder, para tomar decisiones políticas, únicamente por medio de cuerpos institucionales avalados para tal objetivo por el Estado (Eso no pasaría con las llamadas candidaturas ciudadanas).

El cambio sería en torno a cómo conformar estos cuerpos institucionales para que no se perviertan tanto como los partidos y que además, igual de importante, le den legitimidad a ellos mismos y al Estado. En ese sentido, me parece importante retomar algunos de los puntos que Luis Villoro sugiere (Villoro, El Pensamiento Moderno) y que a su vez dice van en la misma línea ideológica de lo que plantea Bobbio. Hacer efectivos los derechos individuales como parte de los derechos sociales propios de cada comunidad y grupo; es decir, al contrario de elegir individualmente al sujeto que tendrá el poder de decisión, como hoy pasa, tener plenas facultades para la decisión política dentro de la comunidad a la que se pertenece y crear un sistema de intercomunicación entre todas las comunidades y grupos que integran la sociedad. Estas comunidades y grupos, bajo mi esquema, serían lo que llamamos aquí cuerpos institucionales.

Lo que hoy funciona es un sistema que, a través de la elección de las individualidades atomizadas vistas como masa (la sociedad), se legitima un grupo que monopoliza todas las decisiones políticas (la clase política). Lo que se plantea es invertir la estructura, que las decisiones políticas se tomen desde las bases sociales vistas como comunidades (las comunidades que integran la sociedad y que le dan sentido de pertenencia a los sujetos), no como masa, y que así los individuos realicen el ejercicio pleno de sus derechos sociales dentro de esos colectivos institucionalizados.

En las llamadas candidaturas ciudadanas veo además algunos puntos flacos que tienden hacia dos preocupantes aspectos, hacia la eliminación de cuerpos institucionales para tomar decisiones políticas, aunque sean meramente electorales; y a la promoción del individualismo, como si el sujeto no perteneciera a ningún grupo.

Las candidaturas ciudadanas, de acuerdo a como se están materializando, están menos limitadas para hacer uso de grandes cantidades de dinero, que conjugado con que parten desde una popularidad conquistada por el carisma y por la exposición frecuente a los medios de comunicación y no por recabar demandas sociales para elaborar un discurso a modo para conseguir votantes, construye un idóneo escenario para crear personajes artificiales con grandes cantidades de recursos dados desde grupos con suficiente capacidad económica para encumbrar a algún individuo que beneficie sus intereses.

Sin duda, hay ciudadanos apartidistas populares y ejemplares con capacidad para gobernar el país; no obstante, la apertura a las candidaturas ciudadanas requiere de un profundo análisis, pues éstas, de ser integradas despreocupadamente, tal cual como se pretendía con el Proyecto de Reforma Política impulsado por Felipe Calderón, se pueden convertir en un perfecto instrumento institucional para hacer más desiguales y menos transparentes las contiendas e incluso, de consolidarse tal mecanismo de sucesión, instaurar un auténtico Estado oligarca.

Al exigir las candidaturas ciudadanas partimos de una premisa peligrosa y engañosa: la clase política es la única culpable del deterioro del país (por eso tal vez mejor nombrarlas como candidaturas independientes, aunque este termino requiere también de una valoración); sin embargo, la mediocridad y corrupción de la clase política, es parte del desgaste socio-cultural que estamos viviendo a nivel general en Occidente y que por las enormes desigualdades de aquí, se ha acentuado aún más. Es peligrosa y engañosa porque, como ciudadanos, parece exculparnos las responsabilidades que nos tocan, y por tanto nos ciega de los problemas que estamos viviendo a nivel sociedad y que se trasminan a todos los sectores.

No hay que justificar ni defender bajo ninguna circunstancia a los partidos, ellos también tendrán que asumir sus responsabilidades; simplemente quiero hacer notar que el deterioro del ejercicio de la política es el reflejo del empobrecimiento de los valores de la sociedad. Una sociedad que ha priorizado el desarrollo individual por sobre el colectivo y que ha vinculado el éxito a la acumulación de riquezas impulsa naturalmente a los sujetos a la conquista y después perpetuación de intereses particulares para acumular capital, actividad central para verse y sentirse exitoso dentro de nuestra sociedad; pero que cuando visiblemente afecta al bienestar colectivo, como en el caso del ejercicio de la política, origina debates cruentos y descalificaciones sesgadas, autocomplacientes que nos libran de las responsabilidades que también tenemos como ciudadanos sin partido.

Es necesario, orientar nuestras acciones para asumirnos como individuos inmersos en una sociedad, hay que virar hacia el bien colectivo y por tanto, reestructurar un Estado fuerte para que pueda salvaguardar el interés público, pero igual de importante, para darle legitimidad a este nuevo Estado, asumir la responsabilidad de que la actividad política es elemento central de nuestra ciudadanía y que en estos términos hay que reordenar el sistema político.